Morena en la CDMX busca legalizar el despojo

La 4T planea destruir la propiedad privada desde el Congreso de la Ciudad de México. Una nueva y atropellada iniciativa “legal” sobre arrendamiento inmobiliario ha sido presentada por la fracción parlamentaria de Morena en el congreso de la CDMX. Esta nueva amenaza confiscatoria la entienden como un paliativo ante el desastre económico por el Covid-19, el estancamiento productivo que azota al país y la creciente pérdida de empleos.

 

La iniciativa de reforma al artículo 2398 del Código Civil, fue presentada por la coordinadora de Morena en el Congreso de la CDMX, Martha Ávila, con la que los ciudadanos —y no el gobierno— provean vivienda a quienes no tienen.

 

Esta ley permitiría que en caso de una situación emergente como un sismo, una pandemia o alguna cosa similar, los inquilinos puedan exigir la modificación del contrato de arrendamiento para cambiar las condiciones o incluso dejar de pagar.

 

La nueva iniciativa de la 4T en la CDMX forma parte de la iniciativa (julio 2019) para extinguir el dominio de los bienes inmuebles en los que ocurriera quebrantamiento de sellos de clausura, aún con el desconocimiento del legítimo propietario.

 

Especialistas en bienes raíces, advierten que esta ley podría permitir acciones confiscatorias contra los propietarios inmobiliarios sopretexto de que obtienen beneficios excesivos de la pandemia, en el caso actual.

 

 

La justificación de la propuesta es que el Inegi considera que hay actualmente 12 millones de personas sin trabajo y que el índice de mexicanos en pobreza extrema podrá duplicarse en esta administración.

 

Es en este triste escenario de fondo y como una respuesta al grave curso económico y social de la crisis 2020, que Morena busca aprobar esas nuevas reformas al código civil en materia de arrendamiento.

 

Esta ley hace exigibles contratos de arrendamiento de casa habitación por un mínimo de tres años, de tal suerte que cada contrato por cualquier plazo menor sea considerado absolutamente nulo.

 

La propuesta señala que si el contrato no puede ser exhibido físicamente por el arrendador, este no podrá demandar el pago de las rentas vencidas y menos exigir el desalojo al inquilino moroso e incumplido.

 

Prohíbe, asimismo, que se pida fianza como garantía colateral para un arrendamiento o que se investigue y garantice con bienes inmuebles por parte del inquilino o de su fiador.

 

El texto propuesto repite la fórmula del artículo 60 de la ley constitucional de derechos humanos, otorgando al incumplido y al moroso protección, defensa y salvaguarda, no así al ciudadano que sí cumple con la ley.

 

Los expertos inmobiliarios advierten que una iniciativa de esta naturaleza atenta contra la libertad contractual y las reglas de equidad que rigen los contratos, es una reforma intervencionista, estatista, que ubica al inquilino como menor de edad incapaz, ante un arrendador sinvergüenza y abusivo.

 

La propuesta es acorde con el sentido de otras anteriores (véanse la de 2019 al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y la Ley de Extinción de Dominio, que abre la posibilidad contra cualquier particular de perder un inmueble en condiciones peores de indefensión que ante una expropiación).

 

La reforma es incluso formalmente innecesaria, pues el código civil en su artículo 1796 bis, establece la cláusula de equidad contractual “rebus sic stantibus” que permite a las partes situadas ante fenómenos imprevisibles, que los llamados contratos onerosos encuentren una composición equilibrada y en caso necesario, con auxilio del juez, puedan equilibrarse las prestaciones pactadas.

 

Pretende aplicarse a los nuevos y a los vigentes contratos de arrendamiento sin distinción alguna, por lo que es una reforma contra la Constitución por su pretensión de aplicarse retroactivamente.

 

La reforma de ser aprobada, desalentará la inversión inmobiliaria, generará incertidumbre jurídica en la población temerosa de no poder reivindicar su propiedad a manos de aprovechados y abusivos, y golpeará aún más al sector de la construcción que, desde agosto de 2018 ha sido golpeada constantemente.

 

Ni qué decir –ante un régimen probadamente indispuesto a generar valor pero siempre listo para destruirlo– que este nuevo ataque pasa por alto que el arrendamiento equivale al 1.5% del PIB federal, es de fondo insensible ante el hecho de que el 41.2% de las viviendas existentes son arrendadas, que 25.3% de los comercios también y que un elevado porcentaje de propietarios tienen que acudir a los créditos hipotecarios para adquirir la vivienda.

 

Hay en el Congreso de la CDMX diputados que podrán impedir este brutal despropósito y ataque contra a la propiedad privada y busquen que el gobierno de la CDMX gaste más y mejor en apoyar albergues temporales, en construir unidades habitacionales eficientes, dignas y decorosas con créditos al alcance de la población que, por su agravada condición económica carecen de un techo seguro.

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