El Estado mexicano ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por la venta indiscriminada de armas de fuego en el continente, calificándola como una situación de emergencia compartida por varios países.
México insta a abordar este problema centrándose en el papel de las empresas privadas en la potencialización de violaciones a los derechos humanos.
La canciller Alicia Bárcena ha enfatizado que la región ha experimentado las graves consecuencias de la violencia armada, y que la proliferación de armas de fuego en manos de civiles solo puede entenderse en el contexto de un tráfico transfronterizo desregulado, que resulta en la vulneración del derecho a la vida y la integridad personal.
En una audiencia sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por México acerca de las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en las violaciones a los derechos humanos, se reveló que cada año se trafican ilegalmente al país alrededor de 200 mil armas de fuego.
La canciller también destacó que la violencia armada afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables como mujeres, menores de edad y la comunidad LGBTQ+.
Subrayó la necesidad de que la Corte considere estas realidades al analizar las consecuencias y las obligaciones de las empresas de armas privadas y de los Estados en cuyas jurisdicciones operan.
En la audiencia, representantes de Bolivia y Colombia respaldaron la posición de México, mientras que Estados Unidos argumentó que este asunto no es apropiado para una opinión consultiva y que se trata de una disputa bilateral encubierta entre México y Estados Unidos. Sin embargo, México sostiene que es un problema regional que requiere atención urgente.